¿Cómo pueden los Estados utilizar los avances normativos nacionales e internacionales para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, mejorando así sus condiciones de vida y en consecuencia, potencializando sus contribuciones al desarrollo mundial?

Los   objetivos  de Desarrollo Sostenible 2030  expresamente incluyen a las personas con discapacidad, adquiriendo   esta población una mayor relevancia  en la esfera mundial. Los estados deben  redoblar los esfuerzos legislativos y de  implementación  de políticas públicas intersectoriales que permitan  garantizar los derechos educativos, laborales, políticos y de disfrute de ambientes  inclusivos, tanto físicos como virtuales.(Bissio, 2018)

Según el  informe Mundial de  Sobre Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud 2011 se estima que cerca de un  15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad , existiendo En los países de ingresos medios y bajos de las Américas, reflejan que la prevalencia de discapacidad es de 14.1% de la población total, siendo el grupo etario más representativo el de personas de 60 o más años, con un 44.3%. En relación con el genero, en el grupo de 15 a 59 años  se observa una mayor prevalencia entre las mujeres (21.3%) que entre los hombres (16.4%).(Organización Mundial de la Salud (OMS), 2011)(Ministerio de Salud y Protección Social, 2018)

Al revisar el contexto Colombiano se encuentra que según el registro de personas con discapacidad que actualmente es manejado por el Ministerio de Salud, para el año 2017 existían 1.379.001 personas con discapacidad. De acuerdo al censo de   2018, en Colombia hay  3’065.361 personas, (hasta el 2 de noviembre),  en una población total  en 42’786.766, es decir, son el 7,1% de los Colombianos.

Ahora bien,  ¿Cuál es la real situación  en Colombia? Si bien se cuenta con una estructura normativa sólida,  en donde la convención de derechos de las personas con discapacidad y la convención de  derechos humanos, han sido incluidos en el bloque de constitucionalidad a través de la Ley Estatutaria 1618 de  2013, la realidad es que  la implementación  y real aplicación de todos los deberes del estado, y de cada uno de los actores gubernamentales y sociales, aun tiene un largo camino por recorrer.   Aun en los escenarios empresariales, se esta discutiendo  sobre los  beneficios de contratar personas con discapacidad, aun el país tiene poca investigación respecto a los beneficios para la economía que representa el hecho de que las empresas contraten personas de esta población. (Congreso de la Republica de Colombia, 2013)

En mi concepto encuentro que si bien el gobierno colombiano a través del Ministerio de trabajo en alianza con Cajas de Compensación y el Programa  Pacto de  Productividad han hecho un esfuerzo enorme en capacitar  y concientizar a los empleadores, aun falta una mayor sincronización  entre el  gobierno y las entidades de seguridad social y los ciudadanos que permitan acceder y conectar a personas con discapacidad que están en búsqueda de opciones laborales y empresas que tienen vacantes incluyentes. (Pacto de Productividad, 2013)

Por otra parte,  cuando se mira a la población con discapacidad, como un cliente con potencial  enorme de compra de bienes y servicios, se encuentra que aun tenemos una oportunidad   para generar emprendimientos e innovación disruptiva en campos que van desde el turismo, la industria de la moda,  vivienda,  recreación,  la consultoría y la industria del cuidado. Es hora de que  desde las universidades se  capacite a los futuros técnicos, tecnólogos o profesionales en temas de discapacidad y se generen  estrategias para  responder a las necesidades de esta población.  En este aspecto considero  que se deben aplicar conceptos de la cuarta revolución industrial 4.0, los cuales   van desde desarrollos tecnológicos,  hasta sincronización  y desarrollos colaborativos  en los que se  tenga en cuenta que la discapacidad es un tema  directamente relacionado con el envejecimiento;  de acuerdo al Foro económico Mundial , se calcula que    para el  año  2030 existirán  8.000 millones de adultos mayores y  hacia el año 2050  ascenderá a  9.000 millones(CEPAL, 2017; Schwab, n.d.)

Bibliografía

Bissio, R. (2018). SDG indicators : The forest is missing, (April), 1–12.

CEPAL. (2017). Cuarta Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las personas. Derechos de las personas mayores. Asunciòn.

Congreso de la Republica de Colombia. Ley Estatutaria 1618 de 2013 Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el Pleno ejercicio de los Derechos de las personas con Discapacidad. (2013). Bogotá: Por medio del cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de las personas con discapacidad.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2018). Sala situacional de las Personas con Discapacidad (PCD). Oficina de Promoción Social, 36. Retrieved from http://ondiscapacidad.minsalud.gov.co/Documentos compartidos/sala-situacional-discapacidad-febrero-2018.pdf%0Ahttps://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/presentacion-sala-situacional-discapacidad-2017.pdf

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2011). Informe Mundial Sobre La Discapacidad: Resumen.

Pacto de Productividad. (2013). Marco normativo sobre inclusión laboral de personas con discapacidad: percepciones, problemas y recomendaciones. Bogotá.

Schwab, K. (n.d.). La Cuarta Revolución Industrial. 2018. Foro Economico Mundial.

2 comentarios en “¿Cómo pueden los Estados utilizar los avances normativos nacionales e internacionales para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, mejorando así sus condiciones de vida y en consecuencia, potencializando sus contribuciones al desarrollo mundial?”

  1. Muy interesante tu planteamiento sobre el potencial campo para los emprendimientos dirigidos a la población con discapacidad. Un enfoque gana gana, que beneficiara a las personas con discapacidad que con frecuencia tiene dificultades para encontrara productos y servicios que se adapten a su condición

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